Antonio Anasagasti Blog

Recortar prestaciones no es la única fórmula posible para ahorrar en la gestión sanitaria. Centrarse sólo en cercenar actuaciones médicas es un error, es asumir una postura fácil y poco valiente, e implica renunciar a la mejora de la eficiencia y derivar a la sanidad privada actuaciones que hasta el momento estaban sufragadas con dinero público. Es, de algún modo, implícitamente, reconocer el fracaso del sistema. El buen administrador sanitario debe sacar el máximo provecho de los recursos disponibles y minimizar los gastos. Para ello hay que asumir iniciativas novedosas y romper las inercias y las presiones contrarias a los cambios. En ese aspecto, la Junta de Andalucía ha tomado la delantera a otras comunidades, enfocando en el ahorro en medicamentos su modo de mejorar la gestión. La factura en fármacos es lo que más había engordado en los últimos años, por eso la Consejería de Salud primero implantó la receta de los genéricos que poco a poco han ido introduciendo otras comunidades y recientemente estableció los concursos para adquirir los medicamentos. Si esta última medida se extendiera, el ahorro para el sistema nacional de salud podría ser superior a 1.500 millones de euros, haciendo innecesario un buen porcentaje del recorte anunciado por el Gobierno para la Sanidad.

Pero el Ministerio de Sanidad puede haberse ofendido con estas economías de la comunidad andaluza, porque al ser este ministerio el responsable de fijar los precios de los medicamentos quizás quede en evidencia su inoperancia y su mala gestión. La gran influencia de los grandes laboratorios en la dirección sanitaria es evidente. Los grandes laboratorios no se presentaron al concurso. A ellos no les ha gustado la iniciativa andaluza pues, hasta ahora, tenían asegurados unos amplios márgenes de beneficios sin apenas esfuerzos. Estos laboratorios, muchos de ellos titulares de patentes ya caducadas, ya sufrieron un fuerte recorte de beneficios con la medida impuesta de comprar genéricos y no marcas y, ahora, pretenden mantener sus cuentas de resultados. Ante esto, el Ministerio de Sanidad ha castigado a los pequeños laboratorios que osaron presentarse al concurso de la Junta de Andalucía, rebajándoles el precio de venta de sus medicinas para toda España. Con ello, pocos laboratorios concurrirán a futuros concursos y se mantendrá el actual despilfarro.

El último Consejo de Ministros ha concedido la tercera amnistía fiscal desde la Constitución de 1.978, a través de un decreto-ley que acompañará a los Presupuestos para 2.012. Las dos primeras se produjeron hace más de 20 años, en las primeras legislaturas de la democracia, en 1984 a iniciativa de Boyer y en 1.991 a iniciativa de Solchaga. En 2.010 hubo otro intento, pero el principal partido en la oposición, hoy en el Gobierno, se opuso por ser una medida injusta que castigaba al que cumplía con sus obligaciones tributarias y favorecía al que defraudaba. La recaudación que se pretende conseguir es de 2.500 millones de euros, prácticamente la misma cantidad que prevé dejar de recaudar por la rebaja del objetivo de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).

Una de las primeras medidas que tomó el actual Gobierno fue descabezar la cúpula de la ONIF, que en esos momentos estaba investigando la trama Gürtel, el instituto Noos dentro del caso Palma Arena y Afinsa, para colocar como número dos a Pilar Valiente, que ya dimitió en su día de la CNM, a consecuencia de Gescartera. Esta oficina evitó más de 10.000 millones de euros de fraude fiscal en 2.011 y ahora el objetivo, con la nueva dirección se ha reducido a unos 8.000 millones. Ante esto, parece que la lucha contra el fraude no es una de las mayores prioridades del Gobierno, por mucho que el Gobierno prometa que después de Semana Santa presentará un plan para atajar esta sangría. Al contrario, cada vez que se produce una amnistía fiscal el defraudador recibe un mensaje claro de que le ha merecido la pena defraudar, pues su objetivo se ha cumplido al tener que pagar bastante menos que el que cumple, y, así mismo, se crean unas nuevas expectativas para ulteriores amnistías fiscales. También desanima a los que son escrupulosos con sus deberes fiscales que, como premio al cumplimiento de sus obligaciones, resultan tremendamente maltratados y bastante más penalizados, pues su tipo de gravamen es muy superior a ese diez por ciento que aplicarán a los defraudadores. Simplemente con prohibir las transacciones en efectivo de cierto importe y aumentar los años de prescripción de los delitos fiscales se recaudaría mayor cantidad.

Uno de los grandes síntomas palpables de la crisis son el espectacular número de desahucios que se producen anualmente. Muchísimas personas no pueden pagar su hipoteca y se quedan en la calle con sus deudas pendientes, en la más absoluta de las miserias. Consciente de esa lacra, el Gobierno está sugiriendo a los bancos la adopción del ‘Código de Buenas Prácticas Bancarias’ para que los morosos puedan saldar sus deudas con la dación en pago de sus casas y transformar las hipotecas en contratos de alquiler. A esta iniciativa se han apuntado varias entidades bancarias que están evitando el deterioro social de tanta gente sin hogar.

Si hasta los propios bancos, que han sido para mucha gente el paradigma de la codicia, están perdonando deudas, no se entiende que el obispado de Cádiz inicie acciones judiciales de desahucio contra una vecina del Pópulo. Esta mujer, viuda y con dos hijos, con una paga de menos de 500 euros, se puede ver en la calle porque el obispado, después de que la Junta de Andalucía haya rehabilitado la casa, no quiera mantener el contrato de renta antigua de esa inquilina y prefiera obtener más réditos de sus propiedades. Dicha actitud se podría comprender de un rentista, pero en la Iglesia, exenta de impuestos, es inaudito. Al menos el seglar paga impuestos como el IBI, sociedades o renta y por vía impositiva parte de esos beneficios los recupera la sociedad en su conjunto (incluso hasta una pequeña parte pudiera ir a la Iglesia si el arrendador marca la casilla correspondiente en su declaración). Aparte de la mala imagen que supone este acto de codicia para una institución que predica la caridad .De poco sirve el ejemplo de solidaridad de Cáritas que ayuda a muchas familias que no tienen medios para pagar sus pisos, si después se visualiza al episcopado empujando a una familia a la calle. Es como desbaratar de un golpe parte del trabajo bien hecho.

Con esta actitud la Iglesia demuestra que el que se convierte en sacerdote además de obtener un trabajo fijo, como anunciaba, medio en broma medio en serio, su reciente campaña publicitaria para obtener vocaciones, podría convertirse en un directivo de una de las mayores fortunas del mundo.

En esta situación de crisis los impuestos no aumentan por igual para todo el mundo. Se ha subido el IBI a buena parte de los propietarios de inmuebles de este país, pero, en cambio, ni un solo euro al mayor propietario de inmuebles que sigue gozando de exención fiscal. El Ayuntamiento de Madrid ha calculado que cada año, solo por este impuesto, deja de ingresar 94 millones de euros por la exención fiscal de la Iglesia. Consciente de esta realidad y como una vía para aumentar la recaudación en estos tiempos tan duros, el Gobierno italiano va a obligar a la Iglesia a pagar por todos los edificios que posee salvo los que se dediquen al culto. Los italianos pretenden recaudar por las universidades, colegios, y asociaciones católicas, pisos propiedad de la Iglesia alquilados a particulares, conventos transformados en hospedería, etc.

Muchos ayuntamientos han solicitado al Estado compensaciones de distinto tipo, como por insularidad, por soportar servidumbres militares en su término municipal, pero ninguno, hasta ahora, ha intentado que le resarzan por los impuestos dejados de ingresar por tener en su término edificaciones de la Iglesia. Pero resulta chocante que hasta edificios dedicados al culto son explotados económicamente por la Iglesia. La misma Catedral de Cádiz, que fue restaurada con una gran parte de fondos públicos tiene un aprovechamiento turístico, pero en cambio el municipio no recibe ni un solo euro por ello. Lo dejado de ingresar solo por IBI (la Iglesia tiene más exenciones fiscales) en España superaría los 2.000 millones de euros, que podría ser dedicado a atender muchos servicios sociales.

La pobreza en España aumenta, pero muchos privilegios de la Iglesia permanecen. Sólo algunas organizaciones como Cáritas, muestran el lado más amable de la solidaridad. Según su Secretario General, el 65 % de los necesitados que acuden a los servicios sociales de los ayuntamientos son derivados a Cáritas. El año pasado más de un millón y medio de personas han pedido en Cáritas ayudas para atender sus necesidades básicas como alimentación, vestido, pago del recibo de la luz o gas y el número se va incrementando. Ya se han recortado subvenciones a sindicatos y partidos políticos, que deberían autofinanciarse con sus cuotas ¿Cuándo le tocará a la Iglesia?

Tras el recorte de sueldos a los directivos de empresas públicas aprobado por el Gobierno y la disminución del número de miembros de sus consejos de administración, se vislumbra una reconversión de esa Administración paralela. Además, las facilidades para el despido y posible bajada de sueldo de sus trabajadores, producto de la reciente reforma laboral, pueden facilitar mayor reducción del gasto. Si estos cambios se desarrollaran bajo los principios de buena gestión y austeridad, se podría frenar la sangría de recursos que, vía presupuestos, alimentan su sostenimiento. Por el contrario, si sus directivos siguen siendo elegidos discrecionalmente sin tener en cuenta criterios de eficiencia en la gestión, difícilmente dejarán de ser el destino dorado de políticos antes de su jubilación, colocados allí como premio a los servicios prestados al partido. Si así fuese, se habría desaprovechado una grandísima oportunidad de modernizar la gestión de estas empresas y eliminar la carga que suponen, en muchos casos, para el conjunto de la sociedad. Además, si a esto le sumásemos una hipotética y drástica reducción de las empresas públicas no rentables y se extendiera su aplicación a las empresas municipales, autonómicas y provinciales, el ahorro podría ser muy voluminoso, suficiente como para evitar recortes en otros sectores esenciales y críticos, como son la sanidad o la enseñanza.

Estas singulares medidas por las que se recortan sueldos a los directivos de las empresas públicas, estableciendo topes retributivos en función de la importancia de le empresas, número de trabajadores o presupuesto y se vinculan primas a objetivos cumplidos, también se podrían extender a todos los políticos que ostentaran cargos públicos. Así, por ejemplo un alcalde, debería tener un tope retributivo en función de la población, la extensión del territorio municipal y las singularidades del municipio. No se entiende que haya tantas diferencias de sueldo entre alcaldes de municipios parecidos, siendo el único criterio que impere el capricho y discrecionalidad de los concejales elegidos. Algunos alcaldes llegan a cobrar más que el Presidente del Gobierno. Del mismo modo, se podrían determinar un límite de concejalías retribuidas y un máximo de asesores de libre designación. Igualmente, eso se podría aplicar en la Administración Autonómica y Provincial y la reducción del déficit aumentaría. Así, políticos y ciudadanos estarían menos distantes.

El nuevo ministro de justicia pretende autorizar a los notarios a celebrar bodas y disolver matrimonios de mutuo acuerdo, a través de una nueva ley de mediación y jurisdicción voluntaria. Este cambio normativo es consecuencia de la iniciativa y presión de los notarios al Gobierno tras la cuantiosa caída de sus ingresos por la crisis inmobiliaria. La excusa perfecta es el actual colapso judicial que se podría resolver sólo con más medios y con una mejor organización, no así. Cuando cambie la norma, el matrimonio se convertirá en un mero contrato, como la compraventa, pues los notarios son sólo fedatarios públicos y no autoridades. Para que el matrimonio sea válido, aparte de la voluntad de los contrayentes, se necesita la autorización específica establecida por el código civil. Incluso en situaciones extremas, como el caso de peligro de muerte, solamente se permite su celebración ante autoridades, como son el comandante o capitán (en un barco) o el jefe u oficial superior (para militares en campaña), pero nunca ante el fedatario de este acto (el que haga de secretario en ese momento). Ante esta devaluación del matrimonio, los secretarios judiciales han reivindicado poder sustituir a los jueces en las bodas, pues ellos también pueden dar fe de ese contrato, incluso con más garantías y sin los costes que supone la actuación de un notario, incluso tendría la ventaja de que se seguirían celebrando en sede judicial.

No obstante, por mucho que las bodas supongan nuevos ingresos para los notarios, al principio podrían ocasionar un gasto añadido pues para solemnizarlas con decoro se precisarían habilitar salas de ceremonias amplias y acogedoras para la ocasión, salvo que el notario se desplace al lugar que señalen los contrayentes.

En cuanto a los divorcios de mutuo acuerdo ante notario, deberían quedar excluidos los de matrimonios con hijos menores, pues el interés de éstos debe ser protegido por el Ministerio Fiscal, como parte del proceso. Además, estos divorcios, aunque sean tramitados por esta vía, generan posteriormente infinidad de conflictos por los frecuentes incumplimientos del acuerdo. Puesto que los notarios no pueden sustituir a los jueces y encargarse de estas cuestiones, poco alivio encontrará el sistema judicial sólo con esto. Para mejorar la justicia se necesitarán reformas de más calado.

El principal deber de un gestor público es cumplir la ley. La autoridad que no la aplica en su ámbito competencial es responsable de su incumplimiento, aunque determinadas leyes sistemáticamente se ignoran y son como papel mojado. La ley 15/2.010 establecía un plazo de 50 días en la demora de las administraciones en el pago a sus proveedores para el año 2.011 y de 40 días a partir del 1 de enero de 2.012, y la realidad parece que es al contrario, pues los retrasos se van alargando. Conforme el artículo 145 de la Ley 30/1.992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas se podría exigir responsabilidad patrimonial personal a la autoridad pública y al personal al servicio de las administraciones públicas que incumpliera la ley por dolo, culpa o negligencia graves, con objeto de indemnizar los daños causados. Ya en agosto de 2.010 se condenó al alcalde sevillano de Castilleja de Guzmán a pagar con sus bienes a un proveedor, ante el impago del consistorio. El regidor municipal recurrió, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó la sentencia. Ese tribunal argumentó que las dificultades de tesorería no son excusa para no pagarlas. Una autoridad no está sólo para cobrar más, al contrario, recibir altos emolumentos conlleva un plus de responsabilidad. Si esta doctrina se generalizara, el gestor público no gastaría lo que no tiene y reduciríamos el déficit de todas las administraciones. Al nuevo Gobierno le bastaría con utilizar las leyes actuales para poder exigir las responsabilidades que anuncia sin necesidad de cambio normativo alguno. Incluso, la propia Esperanza Aguirre ha declarado que la actual legislación es suficiente. Sólo hay que tener voluntad política para aplicarlas, por lo que la modificación de la normativa podría entenderse como una tabla rasa de todas las malas gestiones anteriores.

También, a los consejeros o administradores de las empresas públicas, que se rigen por el derecho privado, se les podrían aplicar las mismas responsabilidades que a los gerentes de una empresa privada, sobre todo en los procesos de liquidación y en las situaciones de insolvencia. Bastaría con no alimentar sistemáticamente con financiación pública a estas empresas. Con ello se evitaría que políticos defenestrados por las urnas y sin experiencia empresarial sean recolocados allí.